Desde la Fundación REDMADRE llevamos más de 10 años denunciando una realidad que ha estado oculta tanto para la sociedad en general como para el sistema sanitario y las fuerzas de seguridad en particular, y es ‘la violencia contra la mujer embarazada’. Aunque muchos profesionales de diferentes sectores se encontraban con la violencia en el embarazo, no había datos objetivos al no existir registros oficiales y es bien sabido que, a la hora de planificar o ejecutar cualquier actuación, lo que no se contabiliza no existe y por tanto no se tiene en cuenta.

En el año 2015 el embarazo dejó de recogerse como variable específica en el Registro de Víctimas de Violencia de Género. Esta decisión produjo grandes efectos negativos no deseados, como fueron un mayor número de mujeres embarazadas desprotegidas y maltratadas.

En el año 2023 la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género volvió a incorporar en dicho Registro ‘el embarazo como circunstancia relevante de la víctima’.

Agradecemos esta incorporación. El registro permitirá identificar patrones peligrosos de los agresores, facilitará la coordinación con servicios sanitarios y visibilizará una realidad que estaba oculta.

Además, y como última actuación positiva, VioGén2, que es el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, ha incorporado recientemente ‘las agresiones a mujeres embarazadas como un indicador específico de riesgo’.

Esta incorporación significa que la violencia en el embarazo se considera un signo de especial gravedad, algo que desde la Fundación REDMADRE llevamos denunciando muchos años: el embarazo es un periodo donde la mujer se encuentra en situación de vulnerabilidad y difícilmente va a poder defender a su hijo de las agresiones. Debemos recordar que siempre hay dos víctimas: la madre y el hijo; está muy bien documentado que la violencia en el embarazo incrementa el riesgo de lesiones graves o letales tanto para la mujer como para su hijo.

Considerar el embarazo como un indicador de riesgo va a permitir que los cuerpos policiales actúen antes, registrando cualquier agresión física o psicológica, y apliquen medidas de protección en coordinación con los servicios sanitarios y sociales. Facilitará la detección en hospitales, centros de salud y consultas de obstetricia, detección que ayudará a prevenir agresiones graves o letales.