España, como otros países europeos meridionales, ha privilegiado a los mayores como destinatarios del gasto social, confiando en que las familias se ocuparan de los niños. De hecho, es uno de los pocos países que carece de una asignación universal por hijo a cargo. Lógicamente, la escasa protección pública a las familias con hijos aumenta la vulnerabilidad de las que consiguen menos ingresos mediante el trabajo. Si España presentaba ya antes de la crisis un índice de pobreza infantil relativamente elevado, este indicador de bienestar objetivo ha empeorado desde 2008.