El documento intenta dar respuesta a preguntas como las siguientes: ¿está reconocido el aborto en los tratados y declaraciones internacionales de derechos humanos? Teniendo en cuenta la jurisprudencia constitucional española, ¿la vida humana intrauterina podría dejar de protegerse durante los primeros meses de gestación? En cuanto a la salud, ¿es el aborto una práctica recomendable para la mujer? ¿Puede proponerse como un método más de planificación familiar o al menos como último recurso para controlar la propia fecundidad cuando todos los demás han fallado? Y respecto de los profesionales que lo realizan, ¿es el aborto ético según sus códigos deontológicos? Por otro lado, las menores de edad que también acuden al aborto, ¿tienen capacidad para prestar su consentimiento o deben autorizarlo los padres? En definitiva, profundizando en la realidad actual, ¿qué objetivo debería perseguir una norma sobre salud sexual y reproductiva en un contexto de no discriminación por razón de sexo?